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California tarda en financiar el agua potable

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Los residentes de California conducen para encontrar agua potable, mientras que el gobierno se queda con dinero

Según Los Angeles Times, el agua limpia y segura que sale de nuestras duchas y lavabos no está disponible para los desafortunados ciudadanos de Lanare, California.

Un poco en las afueras de Fresno, California, esta ciudad "empobrecida" tiene una gran necesidad de agua limpia. Durante años, han estado lidiando con agua que solo es segura para enjuagar. Cocinar y beber el líquido está fuera de discusión. El arsénico de los procesos agrícolas corre a través de sus sistemas de agua.

¿Por qué el estado de California no está haciendo algo al respecto? Ciertamente, la pregunta no se trata de la falta de fondos monetarios: California tiene la "mayor parte de dinero no gastado para mejorar el agua potable en la nación". La Agencia Ambiental de los Estados Unidos le ha dado al Departamento de Salud del estado como fecha límite el 24 de junio.th elaborar un plan para arreglar la financiación y agilizar su proceso de asignación.

Mientras dos millones de residentes de California viven sin agua potable limpia, el resto de la población puede tomar un vaso de agua del grifo sin pensarlo dos veces. Entonces, ¿por qué sufren estas comunidades cuando otras no tienen que hacerlo?

Para empezar, estas comunidades no tienen la legitimación para solicitar subvenciones, ni expertos técnicos para arreglar su situación actual. Incluso cuando llega dinero para ayudar a reparar los sistemas de agua, a menudo se desperdicia, lo que el Los Angeles Times atribuye a una mala planificación y falta de coordinación.

Si bien los funcionarios estatales y los defensores del agua están logrando pequeñas victorias en la lucha para llevar agua limpia a estas comunidades, los residentes de Lanare no están conteniendo la respiración. La ciudad recibió $ 500,000 en diciembre para un estudio sobre cómo solucionar su situación particular, pero podrían pasar meses antes de que el agua potable esté disponible en su ciudad. Actualmente, los ciudadanos de Lanare tienen que conducir 20 millas hasta Fresno o Hanford para comprar su agua, y aún pagan $ 54 al mes por el agua que ni siquiera pueden beber.


Para los californianos sin acceso al agua, el coronavirus agrega otra capa de lucha

Mientras los californianos se refugian en sus casas en medio del brote de COVID-19, se estima que 1 millón de ellos carecen de acceso a agua potable limpia, principalmente en las zonas rurales del estado. Crédito de la foto: iStock.

Lucy Hernández sabía que algo andaba mal cuando llegó a una tienda Walmart en Visalia, California, el mes pasado, poco antes de que el gobernador Gavin Newsom emitiera una orden de quedarse en casa en todo el estado para frenar la propagación del coronavirus.

En los estantes normalmente bien surtidos, Hernández no pudo encontrar agua embotellada.

Alarmada, saltó hacia atrás en su auto y se dirigió a Costco. No hay agua. Probó la tienda 99 Cents Only, Dollar Tree y Target. No hay agua. Desesperado, Hernández condujo 32 kilómetros hasta Hanford, pero aún no pudo encontrar agua para vender.

Hernández, abuela de tres hijos, vive con otros nueve miembros de la familia en la pequeña comunidad de West Goshen, al este de Visalia. Los residentes de la comunidad predominantemente latina de bajos ingresos desconfían del agua del grifo local porque tiene un historial de contaminación. Algunos dependen del agua subterránea de pozos privados cuya seguridad no ha sido probada. Al igual que miles de otros residentes en el Valle Central que no tienen acceso a agua potable a través de sus grifos, muchas personas en West Goshen dependen del agua embotellada para beber.

“Estaba en estado de shock”, dice Hernández. “Dije: '¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo podemos estar sin botellas de agua si necesitamos el agua? "

“Muchos de nuestros residentes dependen de este tipo de agua y no había nada, nada”.

Mientras los californianos de todo el estado se refugian en casa en medio del brote de COVID-19, se estima que 1 millón de ellos carecen de acceso a agua potable, uno de los recursos más fundamentales para mantener la salud y la higiene. Muchos de estos residentes se concentran en partes rurales del estado, particularmente en el Valle de San Joaquín, donde docenas de pequeños sistemas públicos de agua no cumplen con los estándares de seguridad, según muestran los datos.

A nivel nacional, millones más están expuestos al agua del grifo que no es segura cada año, a menudo de pequeños sistemas de agua comunitarios que sirven en gran medida a las comunidades de color rurales y de bajos ingresos. El plomo de las tuberías viejas y otros productos químicos tóxicos también ha aparecido en los suministros de agua urbanos, más notoriamente en Flint, Michigan, en 2014. Y un informe reciente del Environmental Working Group detectó una contaminación generalizada de los suministros de agua potable de EE. UU. Con productos artificiales " productos químicos para siempre ”, incluso en ciudades como Miami, Filadelfia y Nueva Orleans.

El agua contaminada no es el único problema. Un tercio de los estadounidenses luchan por pagar sus facturas de agua, una situación que se espera empeore con la recesión económica. Eso es especialmente un problema en Detroit, uno de los puntos calientes de COVID-19, donde hasta hace poco miles de residentes no tenían agua corriente. Sin embargo, algunos estados, incluidos Michigan y California, ahora prohíben los cortes de agua durante la pandemia.

Los compradores esperan en una larga fila para ingresar a Costco en Stockton. Crédito de la foto: iStock.

Problemas de infraestructura

El año pasado, el gobernador de California promulgó el Proyecto de Ley Senatorial 200, que crea un Fondo de Agua Potable Segura y Asequible de $ 130 millones al año para apoyar las mejoras a la infraestructura de agua de la comunidad. La implementación de ese proyecto de ley está en marcha, pero no ha llegado a tiempo para ayudar a las miles de personas que ahora se encuentran sin agua potable en medio de la pandemia de coronavirus, dicen los defensores.

“El problema de la falta de acceso al agua del grifo es enorme en California”, dice Michael K. Claiborne, abogado principal del Leadership Counsel for Justice and Accountability, un grupo de organización comunitaria con sede en los valles de San Joaquín y el este de Coachella. “Esta nueva crisis de COVID-19 ha exacerbado y magnificado estos problemas que ya enfrentan las comunidades de California”.

Los contaminantes comunes que se encuentran en los suministros de agua del Valle Central que no cumplen con las normas incluyen productos químicos agrícolas e industriales residuales como nitratos, arsénico y un compuesto conocido como 1,2,3-TCP. Estos contaminantes se han relacionado con problemas de salud graves, como daño hepático y renal, enfermedades respiratorias, trastornos de la presión arterial y cáncer.

Susana De Anda, directora ejecutiva del Community Water Center, que trabaja con comunidades en el Valle de San Joaquín, dice que le preocupa que las personas con agua del grifo contaminada puedan recurrir a cocinar con ella o, peor aún, a beberla. Su organización está escuchando a muchas personas en la misma situación que Hernández, dice.

“Recibimos llamadas y los residentes preguntan: '¿Dónde puedo conseguir agua? He estado yendo a varias tiendas y no tienen agua ", dice De Anda. "Eso es un problema. Esto es California en 2020. La realidad es que debemos poder priorizar este recurso para nuestras comunidades en riesgo ”.

De Anda y Claiborne dicen que el estado debería proporcionar fondos para la entrega de agua embotellada de emergencia a las áreas con escasez. Algunas comunidades con agua del grifo insegura ya cuentan con programas de distribución de agua embotellada, explica el director de políticas del Community Water Center, Jonathan Nelson. Estos programas necesitan una publicidad más amplia y las aplicaciones deben simplificarse para que las personas puedan obtener suministros de agua lo antes posible, dice.

Los defensores aplaudieron la reciente moratoria de Newsom sobre cortes de agua por facturas de agua impagas durante la crisis del coronavirus, así como la restauración del servicio de agua a las personas que tenían el agua cortada por falta de pago desde el 4 de marzo. resuelven el problema para quienes carecen de agua potable limpia, dicen. Tampoco se refiere a las personas que viven sin agua debido a los cortes que ocurrieron antes de la pandemia, añaden.

"El agua es algo que todo el mundo necesita para vivir"

Los líderes demócratas de la Cámara han propuesto incluir $ 25 mil millones en el próximo proyecto de ley de estímulo COVID-19 para financiar proyectos de infraestructura de agua potable y proporcionar fondos para los hogares estadounidenses que luchan por pagar sus facturas de agua y alcantarillado.

De regreso en West Goshen, Hernández todavía está luchando por encontrar agua embotellada para su familia y vecinos. Busca en las tiendas con regularidad, aunque teme que salir podría exponerla al virus, y se conecta con residentes y familiares en otras ciudades a través del teléfono y las redes sociales para encontrar personas con agua embotellada que estén dispuestas a compartir.

Ella dice que desea que el condado tenga un número de emergencia al que la gente pueda llamar para obtener agua, en lugar de que ella y sus vecinos intenten resolver el problema por sí mismos.

"Estamos tratando de ayudarnos unos a otros, pero si no tenemos los recursos, ¿cómo podemos ayudar?" Dice Hernandez. “El agua es algo que todo el mundo necesita para vivir. Necesitamos tener agua para beber, pase lo que pase ".

Este artículo se produce en colaboración con ¡SÍ! Medios de comunicación, una editorial nacional independiente sin fines de lucro de periodismo de soluciones que analiza los problemas sociales y lo que se está haciendo al respecto.


La encuesta de la EPA clasifica a California como el número uno en necesidades de infraestructura de agua

California podría usar $ 44.5 mil millones para reparar sistemas de agua viejos durante las próximas dos décadas, según una encuesta federal que colocó al estado en la parte superior de una lista nacional de necesidades de infraestructura de agua.

Texas, con casi $ 34 mil millones, y Nueva York, con alrededor de $ 22 mil millones, fueron los siguientes en la fila.

La evaluación, realizada por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. En 2011 y publicada el martes, se utiliza para documentar las necesidades de inversión de capital de los sistemas públicos de agua potable en todo el país. La EPA se basa en los resultados para asignar subvenciones a través del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable.

En total, la encuesta reveló una lista de deseos de proyectos de infraestructura de $ 384 mil millones hasta 2030, $ 4.5 mil millones más que en la evaluación de 2007.

En California y en otros lugares, la mayor necesidad era reparar y mejorar las líneas de transmisión y distribución de agua. Eso no sorprenderá a los residentes de Los Ángeles, donde las viejas cañerías se rompen de forma rutinaria, enviando chorros de agua que inundan las calles de la ciudad. Los proyectos de tratamiento fueron los siguientes en la lista.

"Los sistemas de agua de la nación han entrado en una era de rehabilitación y reemplazo en la que gran parte de la infraestructura existente ha alcanzado, o se está acercando, al final de su vida útil", dijo el administrador interino de la EPA, Robert Perciasepe, en un comunicado. "Este es un problema importante que debe abordarse para que las familias estadounidenses sigan teniendo el acceso que necesitan a fuentes de agua limpia y saludable".

En abril, el administrador regional de la EPA envió una carta de incumplimiento al Departamento de Salud Pública de California, quejándose de que el estado no había gastado $ 455 millones de dinero federal en otro fondo rotatorio estatal utilizado para mejorar la calidad del agua potable en pequeñas comunidades rurales con pozos contaminados u otros problemas.

La EPA dijo que el estado había reservado gran parte de los fondos para proyectos que no estaban listos, mientras que otros proyectos que estaban listos para usar languidecían.

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Bettina Boxall cubrió el agua y el medio ambiente para Los Angeles Times antes de retirarse en 2021 después de 34 años en el periódico. Ella compartió el Premio Pulitzer 2009 por reportajes explicativos con su colega Julie Cart por su serie de cinco partes sobre las causas y efectos de la escalada de incendios forestales en Occidente.


Actualizaciones en vivo

El gobernador Andrew M. Cuomo advirtió que, sin más ayuda, Nueva York recortará $ 8.2 mil millones en subvenciones a los gobiernos locales, un golpe que dijo que "no tenía precedentes en los tiempos modernos". Los recortes afectarían a "casi todas las actividades financiadas por el gobierno estatal", incluida la educación especial, la atención médica pediátrica, los programas de abuso de sustancias, la desgravación de impuestos sobre la propiedad y el transporte público, dijo.

No hay dos estados que hayan abordado la crisis presupuestaria de la misma manera. Varios han destrozado sus presupuestos anuales y están repartiendo dinero en programas uno o dos meses a la vez. Algunos han marcado recortes pero aún no los han realizado.

Delaware ha decidido emitir menos deuda y se archivó una emisión de bonos que supuestamente financiaría proyectos de agua potable. En California, las personas que van a los tribunales sin abogados, aproximadamente 4,3 millones al año, seguirán lidiando con la confusión porque el estado ha descartado los planes de "navegantes de los tribunales" para guiarlos. Nevada dijo que renunciaría a las multas e intereses que normalmente cobraba a los estafadores de impuestos, con la esperanza de persuadirlos a ellos y a sus millones impagos de la clandestinidad. En Maryland, la Orquesta Sinfónica de Baltimore perderá un subsidio estatal de $ 1.6 millones.

Algunos estados están tratando de ahorrar dinero en efectivo en sus contribuciones a las pensiones. Kentucky ha retrasado sus pagos al fondo de pensiones de los trabajadores estatales, que ya es uno de los peor financiados del país. Colorado y Maryland se encuentran entre los estados que planean reducir sus contribuciones. Algunos, como California y Nueva Jersey, se habían comprometido recientemente a aumentar sus contribuciones para cubrir los pagos insuficientes del pasado, pero ahora no pueden permitírselo.

Sin más ayuda federal, algunos de los mayores recortes serán en educación y atención médica. California dice que enviará a sus distritos escolares $ 12.5 mil millones en I.O.U.s si Washington no interviene, y será responsabilidad de las escuelas averiguar cómo financiarse mientras tanto. Los programas preescolares se están recortando en muchos estados, al igual que los programas universitarios de matrícula gratuita. Está previsto que los sistemas universitarios estatales pierdan miles de millones de dólares en fondos estatales, aunque algunos estados dicen que los recortes se revertirán rápidamente si llega suficiente dinero federal.

Y muchos estados dicen que reducirán sus desembolsos para Medicaid. El programa de atención médica para personas de bajos ingresos ha crecido rápidamente durante la pandemia, ya que millones han perdido sus trabajos junto con los beneficios de salud de sus empleados. Los estados están luchando por encontrar una manera de pagar por todas estas personas adicionales. Algunos, como Colorado, están aumentando los copagos que sus pacientes de Medicaid deben pagar por visitas al médico, productos farmacéuticos y transporte médico.

Los funcionarios estatales dicen que no tienen más remedio que seguir recortando si no llega más ayuda. Todos los estados menos uno, Vermont, están legalmente obligados a equilibrar sus presupuestos cada año, y Vermont lo hace de forma voluntaria. No pueden pedir prestado para salir de una crisis de efectivo, como puede hacerlo Washington, porque tienen leyes que limitan la cantidad de deuda en bonos que pueden asumir. Si se acercan demasiado al límite, los prestamistas comenzarán a exigir tasas de interés más altas y las agencias de calificación las rebajarán.

En mayo, la Reserva Federal ofreció comprar bonos estatales si los términos en el mercado de bonos municipales se volvían onerosos. Pero la mayoría de los estados piensan que los préstamos de la Fed cuestan demasiado y tienen que devolverse demasiado rápido para que sean de mucha ayuda. Hasta ahora, solo un estado, Illinois, y una autoridad estatal, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, han aceptado la oferta de la Fed. Nueva Jersey y Hawai están explorando acuerdos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, que rastrea los planes fiscales de los estados a medida que se desarrollan.

Las pensiones públicas han sido un punto central de discusión en las discusiones sobre ayuda federal adicional.

En abril, con la actividad económica en baja, los legisladores de Illinois enviaron una lista de deseos detallada a la delegación del Congreso de su estado que incluía $ 10 mil millones para la contribución a la pensión del próximo año. También pidieron $ 9.6 mil millones para las ciudades de Illinois, que necesitaban el dinero para "financiar los sistemas de jubilación para la policía, los bomberos y otros socorristas que brindan servicios de emergencia durante este brote de Covid-19".

La solicitud generó desprecio en Washington.

En un programa de radio sindicado, McConnell dijo que los republicanos del Senado "ciertamente insistirían en que cualquier cosa que pidamos prestado para enviar a los estados no se gaste en resolver los problemas que ellos mismos crearon a lo largo de los años con sus programas de pensiones".

Glenn Hubbard, un conservador económico que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de George W. Bush, dijo que estaba de acuerdo en que el dinero federal no debería usarse para apuntalar los fallidos fondos de pensiones estatales. Pero reconoció que las necesidades de efectivo de los estados se estaban volviendo urgentes y dijo que no había tiempo para una revisión completa de los problemáticos sistemas de pensiones estatales.

En aras de la velocidad, dijo Hubbard en una entrevista, el Congreso podría enviar dinero a los estados con una regla simple, y probablemente frágil, de que no se utilice para reducir impuestos o rescatar pensiones. La reforma de las pensiones públicas, que sería agotadora, podría llegar más tarde.


Problemas de infraestructura

El año pasado, el gobernador de California promulgó el Proyecto de Ley Senatorial 200, que crea un Fondo de Agua Potable Segura y Asequible de $ 130 millones al año para apoyar las mejoras a la infraestructura de agua de la comunidad. La implementación de ese proyecto de ley está en marcha, pero no ha llegado a tiempo para ayudar a las miles de personas que ahora se encuentran sin agua potable en medio de la pandemia de coronavirus, dicen los defensores.

“El problema de la falta de acceso al agua del grifo es enorme en California”, dice Michael K. Claiborne, abogado principal del Consejo de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad, un grupo de organización comunitaria con sede en los valles de San Joaquín y el este de Coachella. “Esta nueva crisis de COVID-19 ha exacerbado y magnificado estos problemas que ya enfrentan las comunidades de California”.

Los contaminantes comunes que se encuentran en los suministros de agua del Valle Central que no cumplen con las normas incluyen productos químicos agrícolas e industriales residuales como nitratos, arsénico y un compuesto conocido como 1,2,3-TCP. Estos contaminantes se han relacionado con problemas de salud graves, como daño hepático y renal, enfermedades respiratorias, trastornos de la presión arterial y cáncer.

Susana De Anda, directora ejecutiva del Community Water Center, que trabaja con comunidades en el Valle de San Joaquín, dice que le preocupa que las personas con agua del grifo contaminada puedan recurrir a cocinar con ella o, peor aún, a beberla. Su organización está escuchando a muchas personas en la misma situación que Hernández, dice.

“Recibimos llamadas y los residentes preguntan: '¿Dónde puedo conseguir agua? He estado yendo a varias tiendas y no tienen agua ", dice De Anda. "Eso es un problema. Esto es California en 2020. La realidad es que debemos poder priorizar este recurso para nuestras comunidades en riesgo ”.

De Anda y Claiborne dicen que el estado debería proporcionar fondos para la entrega de agua embotellada de emergencia a las áreas con escasez. Algunas comunidades con agua del grifo insegura ya tienen programas de distribución de agua embotellada, explica el Director de Políticas del Centro Comunitario de Agua, Jonathan Nelson. Estos programas necesitan una publicidad más amplia y las aplicaciones deben simplificarse para que las personas puedan obtener suministros de agua lo antes posible, dice.

Los defensores aplaudieron la reciente moratoria de Newsom sobre cortes de agua por facturas de agua impagas durante la crisis del coronavirus, así como la restauración del servicio de agua a las personas que tenían el agua cortada por falta de pago desde el 4 de marzo. resuelven el problema para aquellos que carecen de agua limpia del grifo, dicen. Tampoco se refiere a las personas que viven sin agua debido a los cortes que ocurrieron antes de la pandemia, añaden.


No hay fe sin agua

Intenta imaginar tu rutina matutina sin agua. Lavarse los dientes, ducharse, ir al baño, hacer té o café. Prácticamente cada paso requiere mucha agua, limpia y de fácil acceso.

Para millones de mujeres en todo el mundo, la rutina matutina es muy diferente.

En los países en desarrollo de todo el mundo, las mujeres pasan hasta cinco horas al día recolectando agua de fuentes distantes y a menudo contaminadas, y regresan a sus aldeas cargando bidones de 40 libras en la espalda. Water.org informa que las mujeres y los niños en 45 países en desarrollo son los principales responsables de la recolección de agua. Los cuerpos se descomponen bajo el peso y, a menudo, el agua enferma a las familias. Unas 50 enfermedades están relacionadas con la mala calidad del agua y la falta de saneamiento. Y son los niños menores de cinco años los que más sufren.

La dignidad y la seguridad son difíciles de conseguir en un mundo sin agua y saneamiento. Las mujeres y las niñas deben escabullirse en un campo apartado en la oscuridad de la noche para tener privacidad, donde algunas serán abusadas o violadas. Cuando una niña llega a la pubertad, es humillada en la escuela o pierde varios días al mes; muchas abandonan la escuela por completo solo para controlar la menstruación. Es una realidad injusta que mantiene a millones de mujeres jóvenes en la pobreza, sin salida.


Newsom quiere impuestos sobre el agua para & # 8216 Fondo de agua potable segura y asequible & # 8217

El gobernador Gavin Newsom ha propuesto un impuesto sobre el agua potable en todo el estado para ayudar a las comunidades pobres de California a lidiar con los sistemas de agua contaminados.

El plan de Newsom & # 8217 para establecer un & # 8220 fondo de agua potable segura y asequible ”se encuentra en su propuesta de presupuesto, presentada el jueves. El año pasado se presentó un proyecto de ley que proponía un impuesto al agua potable, pero fue anulado durante el proceso del comité bajo la amenaza de veto del gobernador Jerry Brown.

Newsom propone gastar $ 25 millones para el & # 8220Safe and Affordable Drinking Water Fund & # 8221. A pesar de un superávit estatal de $ 15 mil millones, aún no se sabe quién y cómo se gravará el agua de California.

El viernes, Newsom llevó a su personal a una excursión al Valle Central para hablar con los residentes que carecen de agua potable.

Sin embargo, durante varios años, el asambleísta Devon Mathis (republicano por Porterville) intentó que sus colegas de la Legislatura aprobaran una legislación para financiar el agua potable para los 10,000 electores pobres de su distrito que dependían de pozos de agua subterránea que se secaron durante la sequía.

Mathis fue el autor de AB 954, que habría proporcionado $ 10 millones a los propietarios de viviendas para cavar pozos más profundos y limpiar los contaminados. Sin embargo, el entonces presidente de Asignaciones del Senado Ricardo Lara (D-Los Ángeles) mató a Mathis & # 8217 proyecto de ley.

La ciudad de East Porterville en el condado de Tulare ha tenido decenas de miles de residentes pobres y de bajos ingresos sin agua potable durante muchos años debido a la reciente sequía, agravada por la falta de infraestructura y pozos secos y contaminados.

Matthis volvió a intentarlo con AB 1588, que amplió el acceso a los fondos no solo a los propietarios de viviendas, sino también a los inquilinos. El Senador Lara puso la AB 1588 en el expediente de suspenso en su primera audiencia en el comité de Asignaciones del Senado, alegando que el costo total de $ 10 millones era demasiado alto. Finalmente fue aprobada por el comité de asignaciones y el gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley en 2016 proporcionando $ 15 millones en préstamos y subvenciones a propietarios de viviendas para profundizar pozos secos.

& # 8220 Nos reunimos con residentes que no pueden beber ni bañarse con el agua en sus casas, mientras pagan más por ella que los de Beverly Hills & # 8221, tuiteó el gobernador.

La Asociación de Agencias de Agua de California intervino, insegura del impuesto al agua. & # 8220ACWA cree que el acceso al agua potable para todos los californianos debe ser una prioridad para el estado, & # 8221, dijo la directora ejecutiva adjunta de la Asociación de Agencias de Agua de California, Cindy Tuck. & # 8220Sin embargo, un impuesto estatal al agua es muy problemático y no es necesario cuando existen soluciones de financiación alternativas y el estado tiene un superávit presupuestario enorme. & # 8221

Tuck dijo que la ACWA prefiere trabajar con el gobernador Newsom, la Legislatura y otras partes interesadas en una solución que no imponga un impuesto estatal al agua.

& # 8220 Para sorpresa de absolutamente nadie, el nuevo gobernador de California ha propuesto un presupuesto estatal con miles de millones en aumento de gastos y muchos aumentos de impuestos & # 8221, dijo Jon Coupal, presidente de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis. Coupal señaló el superávit presupuestario del estado de $ 14.8 mil millones y calificó el impuesto propuesto como un ejemplo de la reacción instintiva de California al incumplimiento de un nuevo impuesto siempre que haya un nuevo problema.


Los californianos votan sobre medidas para financiar parques y proyectos de agua

LOS ÁNGELES (AP) & # 8211 Los californianos votaron el martes sobre propuestas para permitir que el estado pida prestado $ 4 mil millones para parques y proyectos de conservación y cambie la forma en que se asignan los ingresos de su programa de contaminación de límites máximos y comercio.

Los votantes se dirigen a las urnas para decidir sobre cinco medidas de votación en todo el estado.

La Proposición 68 permitiría a California emitir bonos de obligación general para financiar parques y proyectos ambientales, incluidos $ 200 millones para ayudar a preservar el lago más grande del estado. El Mar de Salton se ha estado evaporando desde que la agencia regional de agua de San Diego dejó de enviarle agua. La contracción del lago ha arrastrado polvo a las comunidades cercanas y ha amenazado el hábitat de las aves.

La medida & # 8211 que fue aprobada para la votación por la Legislatura & # 8211 también proporcionaría $ 725 millones para parques en vecindarios desatendidos y financiaría proyectos de agua potable limpia y prevención de inundaciones.

Los defensores dicen que los esfuerzos son vitales para ayudar a California a mitigar desastres naturales como incendios forestales e inundaciones y ampliar el acceso de la comunidad a los parques. Los opositores dicen que el estado no debería asumir una nueva deuda de bonos.

Otra medida, la Proposición 70, busca cambiar la forma en que la Legislatura determina cómo se gasta el dinero del programa de límites y comercio de California, que genera miles de millones de dólares cada año al exigir a los contaminadores que compren permisos para liberar gases de efecto invernadero.

Se proyecta que los cap and trade recaudarán $ 2.7 mil millones durante el año fiscal en curso. Gastar los fondos, como el resto del presupuesto estatal, requiere una mayoría simple de votos en cada cámara de la Legislatura. Aproximadamente una cuarta parte de los ingresos van al proyecto estatal de trenes de alta velocidad, al que se oponen muchos republicanos.

Si la medida se aprueba, la Legislatura requeriría una mayoría de dos tercios de votos a partir de 2024 para asignar estos fondos, lo que podría dar a los republicanos más voz en el proceso.

Las otras medidas en la boleta se refieren a cómo se gastan los ingresos por impuestos al diesel, cuándo entran en vigencia las medidas de la boleta y una exención de impuestos para la instalación de dispositivos de captura de agua de lluvia.

La Propuesta 69 requeriría que la Legislatura gaste dinero de un impuesto al diesel y una tarifa de vehículo recientemente aprobados en proyectos de transporte. Los legisladores votaron para poner la medida en la boleta electoral el año pasado cuando aprobaron el aumento del impuesto a la gasolina, que los republicanos quieren derogar a través de una iniciativa separada en noviembre.

La Propuesta 71 cambiaría la fecha de vigencia de las medidas electorales del día después de la elección a cinco días después de que se certifiquen los resultados de la elección. Retrasaría la fecha de inicio efectiva para las propuestas en unas seis semanas.

La Propuesta 72 otorgaría una exención de impuestos a los propietarios de viviendas que instalen dispositivos de captura de agua de lluvia en sus propiedades en un esfuerzo por alentar a más personas a dar el paso de ahorrar agua.


Vermont aún no tiene ningún plan para pagar el agua potable

Los legisladores de Vermont han pasado más de dos décadas debatiendo cómo limpiar el lago Champlain y otras vías fluviales contaminadas del estado. Hace cuatro años, se comprometieron a encontrar una fuente de fondos estable a largo plazo para hacer el trabajo. Hace dos años, la tesorera estatal Beth Pearce ofreció un menú de opciones para hacer precisamente eso.

Ahora, a mitad de la sesión legislativa de 2019, los legisladores no parecen estar más cerca de tomar una decisión.

Se espera que el Senado de Vermont considere un proyecto de ley esta semana que establecería un nuevo sistema para establecer prioridades y distribuir fondos anticontaminación, región por región. Pero en su forma actual, la medida no incluye nuevos impuestos o tarifas para mantener los $ 50 millones a $ 60 millones al año necesarios para llevar a cabo el trabajo. Aunque los líderes legislativos afirman que agregarán una fuente de financiamiento cuando la legislación llegue a la Cámara, los defensores del medio ambiente no están conteniendo la respiración.

"Estamos muy nerviosos", dijo Jon Groveman, director del programa de políticas y agua del Consejo de Recursos Naturales de Vermont.

Para cumplir con los objetivos de calidad del agua, los legisladores deben encontrar una nueva fuente de $ 10 millones a $ 20 millones al año para aumentar alrededor de $ 40 millones en el gasto estatal y federal existente.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Mitzi Johnson (D-South Hero), dijo que espera que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara proponga un plan de financiación más adelante en esta sesión, pero el panel aún tiene que comenzar a elaborar un plan. Mientras tanto, los demócratas han rechazado la propuesta del gobernador republicano Phil Scott de utilizar las ganancias del impuesto al patrimonio, alrededor de $ 8 millones al año.

"Cada vez que hay un paso, existe la oportunidad y la expectativa de que se proporcione dinero y no, parece un déjà vu de nuevo ", dijo Groveman, quien ha estado presionando a los legisladores para que obtengan el efectivo desde 2015." Parece que hemos visto esto antes. ¿Quién va a dar un paso al frente y poner el dinero? "

El problema de las vías fluviales contaminadas no es pequeño ni nuevo.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Dijo en 2016 que el flujo de fósforo al lago Champlain debe reducirse en un tercio, o alrededor de 200 toneladas, y al lago Memphremagog en un 29 por ciento. El fósforo, proveniente del estiércol de vaca, la escorrentía de caminos, la erosión de las riberas de los arroyos y otras fuentes en el paisaje, es un nutriente que impulsa el crecimiento de malezas de agua, algas y bacterias tóxicas en los cuerpos de agua y los hace menos adecuados para la recreación y el agua potable.

Groveman dijo que los intentos anteriores del estado para reducir la contaminación del agua se basaron en políticas tan débiles que la financiación no fue el mayor obstáculo.

"Estábamos fallando en todos los frentes", dijo Groveman.

La orden de 2016 de la EPA no solo dejó en claro que se necesitaban nuevas políticas, dijo Groveman, sino que requirió que el estado aumentara su inversión en agua limpia.

Hasta ahora, dijo, "ese dinero nos ha ensuciado mucho".

El informe de Pearce de enero de 2017 describió con minucioso detalle cómo el estado podría aumentar su apoyo financiero para los costosos cambios que se necesitan para cumplir con las órdenes de la EPA y la Ley de Agua Limpia de Vermont de 2015. Esa ley otorgó a las agencias estatales más poder para regular la calidad del agua y pidió una gama de nuevos sistemas de permisos diseñados para proteger las vías fluviales de la contaminación relacionada con el desarrollo, la agricultura, las carreteras y otras actividades humanas.

Scott y la legislatura siguieron rápidamente la recomendación de Pearce de proporcionar una infusión única de dos años de $ 30 millones mediante la venta de bonos estatales.

El dinero ha ayudado a pagar decenas de proyectos que contribuyen un poco a reducir el problema general. Por ejemplo, una subvención reciente ayudó a un agricultor del condado de Addison a pagar por una sembradora de maíz sin labranza porque menos labranza significa menos escorrentía contaminada de sus campos. Otras subvenciones ayudaron a reducir la escorrentía de las propiedades residenciales en Burlington, realizar mejoras en los sistemas de alcantarillado municipales y establecer controles de erosión para reducir la escorrentía de las carreteras secundarias, entre otras cosas.

Pero Pearce dijo que el dinero temporal estaba destinado solo a ganar tiempo a los legisladores y agencias estatales para establecer un sistema de financiamiento a largo plazo para los muchos años de trabajo restante.

"Esto no significa aplazar las decisiones y las acciones resultantes en el futuro por otros dos años", advirtió entonces. In addition to quickly finding a permanent source of new funds, lawmakers should develop a spending model that "maximizes cost efficiency and incentivizes local and regional decision making and implementation," she wrote.

Now, just three months before the temporary funds expire, lawmakers are working on a bill that addresses distribution of clean water funds but not how to raise all the needed money.

For environmental groups, the year started with a promising sign: After refusing for two years to identify a new, stable tax source to pay for clean water, Scott not only opened the door to new spending — he proposed it. The governor's budget recommendation for next year would steer revenues from the estate tax, collected when the wealthiest Vermonters die, into the state's Clean Water Fund instead of the state's General Fund.

"That's positive," Groveman said of Scott's acknowledgment that more dedicated funds are needed.

On the other hand, Groveman and other advocates were dismayed by the demise of the only water quality tax considered thus far by lawmakers this year. Senate Natural Resources and Energy Committee chair Chris Bray (D-Addison) proposed to raise $14 million a year with a $40-per-parcel annual fee on every piece of land in Vermont. An additional fee for developed land would have been phased in later to bolster those funds.

But Bray couldn't convince the other four members of his committee. The bill, as it emerged from his panel earlier this month, was stripped of all revenue-raising. Instead, it would create a new system for spending money from the Clean Water Fund and to monitor the results of that spending.

Under that model, the state Agency of Natural Resources would work with 14 local agencies, such as regional planning commissions, to set local, watershed-specific pollution reduction goals and priorities. The 14 agencies would receive block grants, which they would have discretion to spend on improvements, as long as they met pollution reduction targets and reported their progress to the state.

That redesign has won the support of Natural Resources Secretary Julie Moore, who said her agency could use help managing the thousands of potential cleanup projects across the state.

"We recognize that we are in some ways a bottleneck in the system," she said.

Rebekah Weber, the Conservation Law Foundation's Lake Champlain advocate, called Bray's bill, S.96, "an important step in being transparent and accountable" with clean water money.

She said accountability and monitoring are particularly important because the job ahead is so huge. "We need to remove around 213 metric tons of phosphorus from Lake Champlain," Weber said. "That's just Lake Champlain. There are other obligations in other watersheds. We're not near that goal."

But she also said there is a major flaw in the plan.

"There is no money," Weber said. "We've created some pretty innovative and important structures to get the money out the door, but S.96 does not deliver on money in its current form."

To replace the temporary funds and keep the state on track with its clean water obligations under state and federal law, Weber's organization is calling for $25 million in new spending this year.

Scott's proposal to use the estate tax would add an estimated $8 million, but it hasn't been well received in the legislature or the environmental community because it would starve the cash-strapped General Fund of that money. Nor did Bray's short-lived per-parcel-fee gain traction, leaving the legislature without an apparent plan to keep paying for the work required by state and federal law.

Senate President Pro Tempore Tim Ashe (D/P-Chittenden) said the focus on raising money is misplaced. He emphasized that the targets legislators are trying to meet have to do with water quality, not spending some specified amount of money.

"When we arrived here this year, our primary mission was cleaning up the water," he said. "Discussing revenue streams and all that are secondary to the actual policy of cleaning up the water."

Still, Ashe said he and his fellow senators "are all committed to the broad contours of an annual effort in the range that was described both by the EPA and by Beth Pearce's report, which was in that 50 to 60 [million dollar] range."

Because of the importance of spending clean water money efficiently, Ashe said, it was important to keep Bray's bill on track for passage even without consensus on how to aumentar that money.

"We've got to figure out how to make our annual payment of between $50 and $60 million, but that doesn't have to happen to hold up a bill that's focused on making sure the work projects are prioritized and done the right way," Ashe said.

Plus, he said, it takes time to develop sound budgets.

"If we don't like the governor's proposal, we have to find the replacement money," he said. "But we don't walk in here with all the solutions just ready."

In fact, lawmakers have had access to a list of possible solutions for more than two years. Pearce's January 2017 report listed 64 potential revenue streams to pay for clean water and estimated how much cash each might provide. Her possibilities ranged from a tax on nail salons ($2.23 million in potential revenue) to a $50 per parcel fee ($16.7 million in potential revenue). Every legislative proposal since then has been a variation on one of Pearce's ideas, but none has passed.

With S.96 poised to move to the House, environmental groups and senators are looking to that chamber's Ways and Means Committee, which oversees all state revenues, to come up with a plan.

A year ago, Johnson told Siete días, "We know it's a huge responsibility. Coming up with a new funding source is never easy, particularly when there are a lot of competing needs, but we've got to buckle down sometime."

In fact, the House last year passed a measure to raise clean water money with an increased rooms-and-meals tax. The Senate rejected the idea.

Johnson noted last week that the legislature posee raised some new money for the Clean Water Fund in the past — money that helped the state reach its existing water quality budget. A 2016 addition to the property transfer tax provides $4 million to $6 million a year, she said. Later, lawmakers redirected revenues from unclaimed bottle deposits — about $2 million a year — to the Clean Water Fund. Because of that revenue, Johnson said, the money budgeted for a two-year funding surge is likely to last longer than two years.

"We're not at nothing," she said of the funding plan. "We're waiting for the final piece. And while everyone's been sitting around saying, 'Where's the silver bullet? Where's the silver bullet?' we've been quietly saying, 'And here's a piece, and here's a piece, and here's a piece.'"

She declined to say what that last piece would be.

"I'm very confident," Johnson said, adding that Ways and Means Committee chair Janet Ancel (D-Calais) has said she hopes to propose up to $10 million in new funding — more than Scott's $8 million. Asked whether she has any specific proposals in mind, Ancel said the committee will figure it out in the next few weeks.

Groveman remains hopeful that the legislature will fund its obligations before adjournment, but he's not confident.

"If history is any indication, we have reason to be concerned," he said. "Because there's no track record of getting over the finish line."

Correction, 3/28/19: An earlier version of this story mischaracterized Gov. Scott’s previous position on long-term clean water funding.


State To Pump $10 Million Into Fund To Clean Up Chicago River

CHICAGO (CBS) — The State of Illinois plans to add $10 million to a $21 million fund to disinfect sewage flowing into the Chicago River, as Chicago joins other major cities in making the most of a natural asset.

As WBBM Newsradio&rsquos John Cody reports, Gov. Pat Quinn joined Mayor Rahm Emanuel along the river&rsquos North Branch near Division Street and Goose Island Thursday afternoon, to talk about some ambitious plans for the river.

The fund will build systems for disinfecting sewage so that the river will be swimmable and fishable, and will feature walking and biking paths along its entire length.

&ldquoFor the 2016 recreation season, this will be in full effect,&rdquo Quinn said.

Quinn says there will be boathouses for kayaking, among many other new features.

&ldquoSo that people when they kayak, or they walk along the river, or do anything they want &ndash to look at the river or the wildlife near the river &ndash it&rsquos important that we make sure the river is as clean as possible,&rdquo Quinn said.

There will even be the possibility of river races, as once won by former Tarzan &ndash the late Johnny Weissmuller, Quinn said.

&ldquoFrom the mouth of Lake Michigan all the way to Wolf Point, and someday soon we want to have that swimming again, and maybe the Olympic rowing trials &ndash something like that,&rdquo Quinn said.

The city&rsquos view of the river has changed dramatically over the years. Executive director Margaret Frisbie says when Friends of the Chicago River started in 1979, the river didn’t have many friends.

Rather, it was something between an industrial drain and open sewer, she said.

&ldquoWe look at how people love the Charles River in Boston &ndash there&rsquos people around it all the time &ndash when we look at New York City and the work they&rsquore doing on the Hudson it&rsquos in process, it&rsquos not built all at once. It&rsquos step-by-step,&rdquo Frisbie said. &ldquoBut we&rsquore doing it in Chicago. The Chicago Riverwalk is a step. When they opened that Riverwalk, literally, the first day, there was a press conference, and under the bridge came someone walking a dog, someone else pushing a stroller.&rdquo

Last year, the EPA demanded that parts of the river be clean enough for &ldquorecreation in and on the water,&rdquo which means activities from swimming to canoeing. The order applies to all three branches of the Chicago River, as well as the North Shore Channel, the Cal-Sag Channel and the Little Calumet River.

But estimates put the cleanup cost at $425 million, which will likely mean higher sewer bills in Chicago and suburban Cook County, where such bills are among the nation&rsquos lowest, according to published reports.

The Chicago River system runs 156 miles, and is the waterway that first drew explorers to the area. French explorers Louis Jolliet and the Rev. Jacques Marquette explored the Chicago River in 1673, and Jean-Baptiste Point du Sable, the first permanent settler in Chicago, set up his farm on the north banks of the river in the 1780s.

But for longer than anyone has been alive today, the river has been associated with sewage and stink. In 1900, the Sanitary District of Chicago reversed the flow of the Chicago River, after sewage emptying into Lake Michigan from the river&rsquos main branch caused a public health crisis.

For most of the century afterward, the river was widely regarded as dirty and stinky, but beautification efforts have improved some parts of the river in the past 20 years.

Chicago is the only major city in the United States that does not disinfect human and industrial waste in the sewers before it ends up in the waterways, according to published reports.


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